Una Moratoria a diez años que limite el ritmo de crecimiento turístico a niveles asimilables por el sistema insular y que dé tiempo a la población isleña para definir y orientar de forma sostenible el futuro de la isla
La contención del ritmo de crecimiento
turístico en Lanzarote aparece como un factor clave para evitar que el aumento de la
población flotante desborde las limitaciones del sistema insular, pueda restablecerse una
evolución demográfica asimilable, y para que dé margen de tiempo suficiente para que la
sociedad isleña defina, concierte y oriente el futuro de la Isla.
Por ello, la propuesta de la E.L+B. es establecer una Moratoria con relación al
crecimiento turístico durante los próximos diez años basada en los siguientes criterios
de referencia:
• Que el número de nuevos turistas que diariamente se alojan en Lanzarote no supere
en diez años la cifra de 6.700, ni sobrepasen la cifra total de 51.000 visitantes
alojados cada día en la Isla.
• Que en consecuencia, en estos diez años, la oferta de alojamiento turístico no se
amplíe en más de 8.000 nuevas plazas y no supere la cifra total de 61.300, estimulando
sin embargo la sustitución de plazas obsoletas, especialmente en puerto del Carmen.
Estimación de la evolución de la población en el E.L+B.
Tal propuesta se basa en la apreciación
de que dichos crecimientos todavía pueden ser asimilados por la Isla, siempre y cuando
paralelamente se desarrollen toda una serie de programas de actuación que orienten la
evolución insular hacia bases más sostenibles. De lo contrario, lo más prudente sería
limitar drásticamente dichos crecimientos.
Los principales datos sobre la población de la E.L+B. se reflejan en el cuadro adjunto en
el que se contemplan dos hipótesis con relación a la estancia media de los visitantes en
la Isla y, a partir de ahí, dos supuestos diferentes para afluencia turística anual.
La aplicación de
la Moratoria requiere un auténtico respaldo institucional y social que avale su
legitimidad política y su instrumentación técnico jurídica
La aplicación de la Moratoria propuesta para moderar el crecimiento turístico requiere,
en primer lugar, conseguir un amplio respaldo a tal propuesta por parte de las
instituciones, los partidos y las principales fuerzas sociales y económicas de la Isla.
Sólo a partir de ese acuerdo, y sobre la base de un amplio apoyo de la población
lanzaroteña, será posible legitimar e instrumentar dicha medida, ya que por tratarse de
una iniciativa novedosa, su instrumentación requerirá innovar los procedimientos y
marcos legales, con toda la complejidad y dificultades que ello supone.
Así, mientras el Gobierno Balear finalmente acaba de reconocer la saturación de su
territorio y ha decretado, desde la legislación turística, su propia moratoria de dos
años sobre la construcción de nuevas plazas, los Planes Insulares de Ordenación
Territorial desarrollados a partir de la Ley Territorial 1/87 de Canarias, y el de
Lanzarote entre ellos, están sometidos a procedimientos legales que pueden acabar
debilitando su capacidad reguladora, tal y como sucede con la reciente anulación parcial
del Plan Insular de Gran Canaria por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En todo caso y a corto plazo, la Moratoria
propuesta desde la E.L+B. podría tener su encuadre legal en el propio Plan Insular de
Ordenación del Territorio de Lanzarote.
Pero como esta vía podría resultar insuficiente hacia el futuro, resulta totalmente
imprescindible elaborar y proponer desde ahora toda una serie de iniciativas ante el
Parlamento y el Gobierno de Canarias, orientadas a dar respaldo legal a este tipo de
medidas preventivas, adecuando para ello la legislación sobre la ordenación del
territorio, la política medioambiental o el propio sector turístico.
Además, complementariamente a dichas iniciativas, parece oportuno prospectar otras vías que pudieran ofrecer nuevas posibilidades para una gestión sostenible de la Isla. Entre ellas, cabe mencionar las siguientes: la modulación de los flujos turísticos aeroportuarios y portuarios, tal y como se recomienda en la Agenda Insular Europea aprobada en Menorca (1997); la concertación con los propios tour-operadores para respetar los límites, flujos y orientaciones sobre el turismo en Lanzarote; e incluso, la posibilidad de establecer algún tipo de tasa turística, que permitiera recabar recursos con los que afrontar las posibles indemnizaciones de una política insular que pretendiera evitar a toda costa la paulatina degradación de la Isla.