Conclusiones de las V Jornadas de Patrimonio Histórico. La Arqueología canaria: Análisis de partida. Celebradas en Arrecife de Lanzarote el 16, 17 y 18 de marzo de 2005.

Para redactar las conclusiones de las V Jornadas de Patrimonio Histórico hemos tenido en cuenta dos vertientes:

La primera de ellas se nutre de las consideraciones recogidas en cada una de las sesiones de trabajo celebradas durante las jornadas, deteniéndose en aspectos de contenido que centraron esta edición y que fueron elaboradas por las personas que coordinaron las diferentes sesiones. Las conclusiones que se vierten en este documento son responsabilidad de las personas que las redactaron, que a su vez fueron coordinadoras de las diferentes sesiones de trabajo. El Cabildo de Lanzarote  puede modificarlas cuando prepare la publicación de las actas si la transcripción de las grabaciones así lo aconsejara, especialmente desde el punto de vista de su ampliación y concreción.

La otra es el resultado de la encuesta que este Servicio facilitó a las personas participantes. Esta última fuente de aportación contiene información que interesa exclusivamente a este Centro, ocupado en la mejora de la celebración de dicho evento, y otra que pudiera ser susceptible de interesar a las personas asistentes.
Las conclusiones de las sesiones de trabajo se han dividido en los siguientes módulos, atendiendo a lo planteado en las mismas:

La jornada del miércoles destinada a analizar la Situación de partida y legislación aplicada a la Arqueología canaria coordinada por Juan Francisco Navarro Mederos, comienza con la conferencia inaugural La Arqueología canaria: Situación de partida, a cargo de Antonio Tejera Gaspar. Las conclusiones que extrae el coordinador de mesa de sesión son las siguientes:

1. Debe potenciarse la colaboración entre las unidades de patrimonio histórico de los cabildos y los museos de dichos cabildos con  las universidades y la Dirección General, que debe coordinar dicha colaboración. Es necesaria una programación plurianual de las investigaciones arqueológicas.

2. Los cabildos tienen que aunar criterios sobre museos, catalogación, investigación, conservación, etc. La ponencia técnica regional de patrimonio arqueológico y etnográfico puede ser el marco de debate.

3. Se echa en falta la presencia de personal cualificado (arqueología) en la plantilla de la Dirección General de Patrimonio Histórico, como tienen los cabildos. Es una paradoja que la administración de rango superior tenga menos personal cualificado que la de rango inferior. Por dicho motivo, los diferentes cabildos insulares reclaman las competencias que el Gobierno autónomo es incapaz de ejercer.

4. Debe gestionarse la devolución del patrimonio arqueológico que está fuera de Canarias de manera integral y coordinada por la Dirección General de Patrimonio Histórico. Igualmente, debe trabajarse para que regrese a sus respectivas islas el material arqueológico que salió de ellas y que fue depositado en los museos de Gran Canaria y Tenerife, ahora que se están creando los museos insulares. Parece una contradicción solicitar la devolución a museos externos a Canarias y, a la vez, negarse a devolver el patrimonio de otra isla.

5. La ejecución del proyecto de Chillida en Tindaya es contraria a la actual legislación.

6. Respecto a la divulgación del patrimonio, es escasa la implantación del patrimonio arqueológico en la oferta turística y de ocio cultural.

7. Las personas arqueólogas también debemos hacer autocrítica: ¿Hemos publicado lo que estudiamos?, ¿hemos cumplido con nuestro deber?, ¿estamos a disposición de colaborar con las administraciones? Somos responsables, junto con las administraciones, de los errores del pasado.

8. Como síntesis: Es hora de revisar qué hemos hecho, qué falta por hacer y qué hemos hecho mal. A esta labor debemos entregarnos todas las personas profesionales y administraciones. Hace falta mucha más coordinación y en ello está el origen de muchos males. Por ello, es bueno que la Dirección General de Patrimonio Histórico fomente estas reuniones, como punto de encuentro entre profesionales y administración.

Le sigue el turno a la ponencia marco de Juan Manuel Alegre Ávila, Régimen del Patrimonio Arqueológico. En particular, la normativa canaria que concluye:

1. Teniendo en cuenta el marco normativo de la Ley del Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985) y la Ley del Patrimonio Histórico de Canarias, puede hacerse una valoración positiva, en términos generales, del actual reparto competencial entre Gobierno Autónomo y Cabildos Insulares.

2. No obstante, en el ámbito actual, en el que se pretende modificar la Ley canaria, se puede tratar de potenciar el papel de los cabildos insulares en cuestiones relativas al patrimonio arqueológico, acentuando en los cabildos el grueso de las competencias ejecutivas.

3. Debe resaltarse la peculiaridad de las Zonas Arqueológicas respecto a los Conjuntos Históricos, en lo que se refiere a los Planes Especiales, por sus peculiaridades y régimen de protección.

Después de las comunicaciones de Ángeles Ojeda Ojeda del Cabildo de Gran Canaria Regulación de las intervenciones arqueológicas en el Derecho de la Comunidad Autónoma de Canarias y de  Santiago Flebes Martel, del Cabildo de Tenerife, Aspectos sobre la normativa que regula la Arqueología en Canarias, se da paso a la mesa redonda Análisis del marco legislativo de la Arqueología canaria. Propuestas de mejora, en la que intervienen las personas responsables de la conferencia inaugural, ponencia marco y las comunicaciones. Las conclusiones del debate son:

A) Respecto a las autorizaciones de intervenciones arqueológicas, una vez tramitadas, la Administración no puede desentenderse de ellas bajo ningún concepto, sino que debe ejercer un seguimiento mediante la inspección.

B) Ante las diversas participaciones quejándose de que existen demasiados           trámites administrativos para las intervenciones arqueológicas y que, por tanto, el régimen de atribuciones debería flexibilizarse, se concluye que los procedimientos actuales parecen muy excesivos, al menos para las prospecciones en general y para las excavaciones de urgencia. En casos de urgencia, el Cabildo debería poder ordenar una intervención y, posteriormente, informar al Gobierno Autónomo.

C) Para las autorizaciones o declaraciones de BIC en el mar territorial, sólo           tiene competencias el Estado, siendo éste quien debería concederlas, pero no existe obstáculo para que la Comunidad Autónoma extienda sus competencias en este aspecto, si se tratara de un BIC que incoase el Cabildo correspondiente y declarase la Comunidad Autónoma.

D) Se propone equiparar el Plan Especial de Protección de algunas zonas arqueológicas a cualquier otra figura de gestión de espacios naturales, elevando así el rango hasta espacios naturales protegidos.

La jornada del jueves 17 de marzo se destina a analizar La Gestión Administrativa de la Arqueología canaria. Dirección General de Patrimonio Histórico, Cabildos Insulares y Ayuntamiento de Arucas. La Dirección General de Patrimonio Histórico se responsabilizó de la ponencia marco, defendiéndola Moisés Plasencia Martín, Director General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, bajo el título La Administración pública canaria ante la gestión compartida del Patrimonio: Necesidades y desafíos. Dicha intervención estuvo acompañada por las siguientes comunicaciones: Arqueología y gestión integral del Patrimonio Histórico. Algunas reflexiones desde el proyecto Cueva Pintada (Jorge Onrubia Pintado, Carmen Gloria Rodríguez Santana e Ignacio Sáenz Sagasti), Administración, Arqueología y empresa (Valentín Barroso Cruz y Consuelo Romero Quevedo) y La gestión del yacimiento arqueológico de Tindaya por el Gobierno de Canarias. Cuestión de espejos (José de León Hernández y María Antonia Perera Betancort).

En la mesa redonda titulada La gestión del Gobierno de Canarias en materia arqueológica. Propuestas de mejora participaron Moisés Plasencia, Jorge Onrubia, José de León y Valentín Barroso y fue coordinada por Javier Velasco Vázquez, se abordaron diferentes cuestiones, todas ellas acordes a la temática de las jornadas, esto es, el planteamiento de un análisis de partida para la Arqueología canaria, si bien tomando como base la experiencia hasta el momento acumulada, como paso previo insoslayable a fin de acometer tal reto con ciertas garantías de éxito.

A tal efecto, las diferentes intervenciones proporcionan un marco de discusión idóneo toda vez que se valora esta situación desde diferentes puntos de vista, entre los que son partícipes tanto las administraciones con competencias en materias de patrimonio histórico, como las realidades vividas por las empresas de arqueología y dos ejemplos paradigmáticos de gestión - y de no-gestión si se quiere - del legado patrimonial: el proyecto Cueva Pintada y el caso de la Montaña de Tindaya.

Puede hablarse de un cierto consenso en todas las participaciones en lo que se refiere a la vivencia actual de un momento en el que es necesaria la búsqueda de la efectividad en la gestión del patrimonio arqueológico, ensayando soluciones reales y ajustadas a la realidad, a la vez que la indagación de nuevas vías y recursos alternativos para afrontar una realidad cada vez más compleja. En pocas palabras, la necesidad de afrontar una gestión integral del patrimonio histórico, aprendiendo de la experiencia previa y de los aciertos y errores hasta el momento cometidos.

Una gestión que, en el mismo sentido, debe tener una serie de anclajes fundamentales, como son la divulgación/educación y la investigación. Esta será la forma más adecuada para que, por un lado, las medidas adoptadas se ajusten a las necesidades reales del Patrimonio Histórico, pero también, y por otro lado, que propicien la proximidad entre este patrimonio y la sociedad civil en sentido amplio.

Se trata de unos desafíos y planteamientos que, a juzgar por las intervenciones, no siempre se ven materializados con la presteza adecuada. Aunque es cierto que se asiste a un momento en el que, en muchos aspectos, se están sentando las bases de actuaciones futuras, no puede negarse que aún es imprescindible asumir múltiples compromisos y afrontar aquellos retos que requieren de soluciones inmediatas. Es el caso paradigmático de Tindaya, donde, a decir de una amplia mayoría de las personas asistentes a la Mesa Redonda, las obras previstas - así como las que ya se están llevando a cabo - constituyen un grave atentado contra el patrimonio arqueológico que atesora la Montaña de Tindaya. Por ello se planteó la necesidad de apelar no sólo a la legalidad, sino también a la razón como estrategia básica para la búsqueda de soluciones.

Para salvar tales problemas, pero también para encarar con garantías de éxito el futuro, se plantea imprescindible seguir fomentando el encuentro, el debate, el fortalecimiento de los canales de comunicación, la planificación de la puesta en valor del patrimonio histórico y la búsqueda de la implicación de todas las personas ligadas a esta materia común. La investigación, la difusión/educación y, en definitiva, los vínculos entre patrimonio, sociedad y futuro se convierten en objetivos a lograr en un plazo inmediato. Salvando las diferencias entre las diversas opiniones vertidas a lo largo de esta sesión, la cooperación, el diálogo y el compromiso con el patrimonio arqueológico, con su gestión y con su valor como herencia colectiva se presentaron unánimemente como los elementos en los que deben centrarse nuestras miras. Con todo, no se terminaron de fijar aquellos aspectos inmediatos donde deberían materializarse todas estas cuestiones, siendo éste una asunto sobre el que se debe seguir reflexionando.

En la jornada de la tarde, titulada Cabildos insulares y Ayuntamientos: El caso concreto del Ayuntamiento de Arucas. Gran Canaria, se aborda la ponencia marco La gestión del Patrimonio Arqueológico en los Cabildos Insulares. Estado de la cuestión redactada a partir de una encuesta elaborada por la Universidad de La Laguna, una empresa de patrimonio y por los Cabildos de Gran Canaria y Lanzarote y que fue contestada por la totalidad de los cabildos canarios. Las diferentes instituciones contestaron a lo largo de un dilatado periodo, más de un año, con la posibilidad en fechas cercanas a la celebración de las jornadas, de variar algunos contenidos. La encuesta gira en torno al organigrama de cada servicio o unidad, situación laboral del personal, recursos económicos, política de adquisición de suelo arqueológico, relación con otros organismos, órganos de participación y representación, tareas de inspección, autorización de intervenciones y adopción de medidas cautelares, intervenciones arqueológicas, Bien de Interés Cultural, museos arqueológicos insulares, proyectos de puesto en uso del patrimonio arqueológico, expedientes sancionadores, patrimonios arqueológicos específicos y actividades de divulgación. Se reflejó la dispar composición de los Servicios de Patrimonio, aunque coincidentes en carencias, deficiencias y conflictos a los que ha de enfrentarse. Contrasta el elevado presupuesto económico que destina el Cabildo de Gran Canaria con la escasa cuantía que invierte el de Lanzarote y llama la atención la falta de partida específica para arqueología de la Comunidad Autónoma. Igualmente existe un amplio abanico compositivo de la Comisión Insular en cada una de las islas, así como el número de intervenciones arqueológicas, ya sean sistemáticas, de estudios de impacto o de urgencia. Las propuestas de uso y divulgación son igualmente muy variadas destacando Gran Canaria. Existe disparidad de gestión del patrimonio arqueológico marino, paleontológico y de bienes muebles.

Seguidamente es el turno de un conjunto de cinco comunicaciones y una comunicación marco, que se concretan en Prospecciones arqueológicas en el Parque Nacional Garajonay (La Gomera):  Notas metodológicas, cargo de Juan Carlos Hernández Marrero; Los concheros prehistóricos de Canarias. Revisión Historiográfica y consideraciones para su caracterización arqueológica, defendida por Eduardo Miguel Mesa Hernández y Juan Carlos García Ávila; Consideraciones en torno a la gestión: Hacia una educación patrimonial, por Sanjo Fuentes Luis; El Cabildo Insular de La Palma y el Patrimonio Arqueológico, de Jorge Pais Pais y El Patrrimonio Arqueológico en el procedimeinto de Evaluación de Impacto Ecológico: La estrategia del despiste de José Carlos Cabrera Pérez. Finalmente la comunicación marco La gestión del Patrimonio Arqueológico a través de la Administración  pública de ámbito local: Ejemplo de intervención desarrollada por el Ayuntamiento de Arucas de Antonio Jiménez Medina.

Luego se da paso a la mesa redonda La gestión arqueológica en los Cabildos Insulares. El caso concreto del Ayuntamiento de Arucas. Propuestas de mejora en la que participa José de León Hernández, Juan Carlos Hernández Marrero, Eduardo Miguel Mesa Hernández, Sanjo Fuentes Luis, Jorge Pais Pais y Antonio Jiménez Medina. En ella se analiza la gestión arqueológica desde las administraciones locales más cercanas a la ciudadanía: Ayuntamientos (a partir de la presentación del caso ejemplar del Ayuntamiento de Arucas) y Cabildos (a partir del trabajo en el que se dibujaron las conclusiones de una encuesta trabajada por cada servicio o unidad con competencias en materia de patrimonio en los siete cabildos canarios). Tal y como se señalaba en el programa de estas V Jornadas de Patrimonio Histórico, las comunicaciones que acompañan a la ponencia marco de los Cabildos, así como a la comunicación marco referida a la actuación de los ayuntamientos no se ajustan a la temática propuesta. De ahí que tanto el desarrollo de la tarde como el posterior debate haya sido extremadamente variado y denso, tratando de cuestiones que resultan  muy difíciles de unificar. Lo que sí es indudable es que en esta sesión se abordan cuestiones de todo tipo pero que, en suma, afectan a todas y cada una de las tareas que las arqueólogas y arqueólogos deben afrontar en el desarrollo de las muchas facetas que el ejercicio de la profesión conlleva. Sirvan los puntos que siguen de guión en el que se resumen las temáticas planteadas:

Los cabildos  actúan de modo bien diferente a la hora de afrontar el reto que ha supuesto la asunción de las competencias en materia de patrimonio histórico. La disparidad de los organigramas, de las prioridades, de los criterios de actuación, de los presupuestos, de los programas de difusión, etc. sólo ponen de manifiesto las enormes carencias que en todos ellos se detectan. En algunos casos, las personas  participantes en el debate han mostrado su total desacuerdo con la información aportada por algunos cabildos a la hora de cumplimentar la encuesta, afirmando que no corresponde en absoluto a la situación real vivida en muchas de las islas, especialmente en lo que a inversiones y actuaciones se refiere. También se señala la desidia de algunos de los cabildos en esta materia (la encuesta es sólo el espejo donde se refleja esta realidad) y que debería ser denunciada de forma más palmaria por el personal profesional. También algunas voces, entre las que destaca la de Jorge Pais con su balance de treinta años de arqueología en la isla de La Palma, señalan la sensible mejora de la situación con respecto a la que se vivía antes de la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.

Una vía para garantizar la protección del patrimonio histórico y arqueológico consiste en la búsqueda de nuevos cauces desde la actuación conjunta y coordinada de las administraciones locales. Así, el Ayuntamiento de Arucas está trabajando en esta línea para intentar incluir una normativa previa a la concesión de licencia de obra que posibilite un control efectivo sobre las actuaciones, al menos, en el centro histórico de la ciudad. El asesoramiento en esta materia se lleva a cabo por la jurista responsable en esta materia en el Cabildo de Gran Canaria, de forma que se puedan delimitar las competencias de cada administración, sin perjuicio de crear nuevas figuras de protección del patrimonio histórico. Lo que queda patente es que desde los ayuntamientos se pueden llevar a cabo múltiples acciones que van desde la redacción de planes de protección, delimitaciones, tareas de control de las obras, recuperación de espacios de interés patrimonial, programas de difusión… que sólo pueden traer beneficios en esa tarea de conocer, proteger y divulgar el patrimonio histórico. El elogio unánime a la labor desarrollada en Arucas plantea la necesidad de invitar a otros ayuntamientos a seguir su trayectoria.

No sólo se trata de buscar nuevas figuras de protección que puedan ser aplicadas por las administraciones más cercanas al ciudadano, sino también de sacar el máximo partido a la legislación vigente, incluida aquella que se refiere a los espacios naturales de Canarias. José Carlos Cabrera argumentó esta línea de trabajo, asegurando que es preciso llevar un estricto control de los procedimientos de evaluación de impacto ecológico, exigiendo la realización de informes por parte de arqueólogos que deben ser incluidos en las Memorias y Estudios exigidos en la Ley de Prevención de Impacto Ecológico. Las reformas de los capítulos referidos a los impactos sobre los bienes arqueológicos parece necesaria para solventar su ambigüedad.

Las personas profesionales de la arqueología están enfrentadas al reto de buscar su espacio en este momento en el que se encuentra la arqueología, ya sea desde la administración o desde la práctica empresarial privada. La necesidad de unificar criterios y de mirar al futuro desde una posición de autocrítica constructiva parece fuera de toda duda. Y en ese proceso, contar con la ciudadanía, hacerla copartícipe de lo que supone la protección del patrimonio arqueológico se vuelve un paso imprescindible en ese tarea común que busca estar cerca de la sociedad y no de espaldas a ella. Los proyectos relacionados con la educación patrimonial deben considerarse también prioritarios desde las administraciones del Archipiélago, desde la autonómica hasta las municipales.

Establecer nuevas categorías de análisis se considera igualmente como una premisa imprescindible en esa tarea de revisar el quehacer del profesional arqueólogo, en ese reto de no contentarse con buscar respuestas, sino tener claro que hay que volver a plantear nuevas preguntas. La comunicación a propósito de los concheros suscita este debate: hasta qué punto las categorías de yacimientos con las que trabajamos habitualmente nos sirven hoy para catalogar, proteger y difundir la realidad del patrimonio arqueológico canario cada vez más rico y complejo.

Si bien lo mucho que queda aún por hacer y las dificultades de todo tipo para llevar adelante una labor eficaz ensombrecen el panorama de la gestión del patrimonio arqueológico, las comunicaciones de Juan Carlos Hernández o Jorge Pais señalan la evidente mejora de la situación con respecto a momentos pretéritos, esencialmente en lo que se refiere a la sistemática en el desarrollo de los trabajos de campo. La puesta a punto de una metodología adaptada a las exigencias impuestas por territorio complejo (caso del Parque Nacional del Garajonay) o los avances en los inventarios y puestas en uso de yacimientos arqueológicos en la isla de La Palma así lo manifiestan.

Es indudable que los cabildos se encuentran ahora ante un nuevo escenario en el que se dibuja un panorama en el que probablemente asumirán más competencias de las que la Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias les asignaba, justamente aquellas que se reclamaban de forma unánime en la ponencia marco. En efecto, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha asumido la necesidad de llevar a cabo una reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que ya desde todos los ángulos se venía mostrando insuficiente y que, además, tendrá otra denominación: Ley de Patrimonio Cultural de Canarias.

La jornada de trabajo de esa día finaliza con un acto homenaje a Antonio Montelongo Fránquiz, Julián Rodríguez Rodríguez, José Farray Barreto, Marcial Medina Medina y a Maxi Álvarez Pérez. Se trata de reconocer la labor de estar personas que constituyen un equipo de trabajo que divulga, investiga y proteger el patrimonio cultural de manera ajena a las instituciones administrativas y académicas.

La jornada del viernes en su sesión de mañana, coordinada por José de León Hernández y bajo el título Historia de la investigación arqueológica, se inicia con la ponencia marco Veinte años después: La gestión del patrimonio arqueológico canario desde las transferencias a la comunidad autónoma, redactada por Juan Francisco Navarro Mederos, Julio Cuenca Sanabria y Antonio Tejera Gaspar. De la exposición se responsabiliza el Dr. Navarro Mederos, acompañado de Julio Cuenca Sanabria. En esta ponencia se realiza un exhaustivo repaso de las políticas de patrimonio arqueológico - y algo del etnográfico y paleontológico - llevadas a cabo desde las transferencias a la Comunidad Canaria, por parte del estado, en materia de patrimonio histórico. Es decir, se hace un repaso de lo acontecido en materia de arqueología durante una etapa enormemente interesante de nuestra historia, ya que se inauguraba una etapa en que por primera vez desde Canarias se pensaba, se planificaba y se tomaban decisiones globales en muchos órdenes de nuestra realidad y en particular en materia de Patrimonio Histórico y de Patrimonio Arqueológico. Por lo tanto, no es de extrañar, como plantea la ponencia, que prácticamente se parta de cero en la puesta en marcha de las primeras políticas públicas en materia de protección, gestión, investigación, etc. en relación al patrimonio arqueológico canario. La ponencia destaca el enorme esfuerzo que supuso la creación de la primera unidad administrativa, con un trabajo eminentemente voluntarista (no remunerado), con una situación heredada (en lo poco que lo estaba) muy deficiente, sin perspectiva, sin apoyo de personal cualificado y sin medios económicos y materiales. En esa primera etapa estaba casi todo por hacer y en gran medida se iban a tomar decisiones y se iban a hacer propuestas sin precedentes, muchas de forma casi experimental o bien tomadas de la aún incipiente experiencia de otras CCAA y con muy pocos recursos y sin respaldo administrativo, en la medida que no se contaba con una Unidad Administrativa propia en materia de Patrimonio Histórico (por ejemplo, una Dirección General como había ocurrido con otras áreas cuyas competencias habían sido asumidas por la Comunidad Autónoma desde el año 1984).Otros factores externos tampoco ayudaban a la creación de esa incipiente estructura de gestión y planificación de la arqueología canaria, como podían ser la casi nula experiencia de unidad en las políticas canarias, herederas de un división provincial que seguiría existiendo como modelo organizativo en los primeros años de andadura a través de los Inspectores provinciales. No había una conciencia social como en la actualidad sobre el valor del patrimonio arqueológico, en gran medida por desconocimiento, lo que hacía que pese a la creciente demanda sobre valores de identidad proliferara el coleccionismo, el expolio, etc. La enorme presión urbanística sobre el territorio iba a obligar a una política de urgencia y a la falta de respuesta ante el deterioro de muchos espacios con valor arqueológico. Se poseía un respaldo administrativo y legislativo viejo y en gran medida poco operativo, la Ley de 1933 y hasta la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, que tampoco supuso una gran aportación en este campo, adoptándose propuestas y actuaciones emanadas del esfuerzo de un grupo de profesionales comprometidos en aquellos años con el patrimonio histórico y, para el caso que nos ocupa, con el arqueológico. Con este panorama se impulsa y se redacta el documento de Los Berrazales, que podríamos entenderlo como el primer Plan Estratégico, sobre el que se asentaría gran parte de las políticas de patrimonio arqueológico, tanto en su vertiente administrativa, como legislativa, científica, divulgativa, etc. Como se planteó en la ponencia, muchos de los logros (y también de los fracasos) posteriores y muchas de las entidades, muchos de los instrumentos y de las actuaciones posteriores, se han inspirado en aquél importante documento, anterior a la Ley de 1985 (la actual tardó catorce años en aprobarse). La Ponencia hace un repaso del referido documento, incidiendo en aquellos aspectos que han tenido repercusión posterior, como la necesidad de inventarios, de una Dirección General propia, de un presupuesto razonable y específico, de un servicio jurídico y una Oficina Técnica especializada, de unos órganos de representación (Consejo Regional, Ponencias Técnicas). Asimismo se comenta la conveniencia de la adopción de unas políticas de adquisición y de impulso de grandes proyectos de puesta en uso (justificados en una sociedad crecientemente turística) apoyados en el uso de la legislación del suelo y del que fue otro proyecto pionero en el estado el Plan Especial de Guayadeque (desarrollado en la siguiente legislatura), de impulsar mecanismos de protección de los yacimientos (con el impulso de lo que luego serán los primeros BIC), de acometer las primeras actuaciones en materia de patrimonio etnográfico, paleontológico y de bienes muebles, de favorecer una política global para los museos e impulsar estos (jurídicamente y económicamente) como centros de investigación, etc. El documento de Los Berrazales no iba a quedarse en un mero texto teórico sino que desarrollaba en su capítulo cuarto un Plan de Choque o de medidas urgentes de carácter bianual y con un presupuesto propio. A partir de ahí se comienzan los primeros inventarios, se deben redactar algunos planes especiales, etc. Ya en el año 1988, en la segunda legislatura, se crea el servicio de arqueología del Museo Canario (con un gran protagonismo en esta etapa) y se redacta el segundo gran informe El Plan de Actuaciones, que establecerá un programa de intervenciones (redacciones de Planes Especiales, política de cerramientos, impulso de proyectos de puesta en uso, etc.), en numerosos yacimientos de todas las islas y que iban a ser acometidos por la Universidad de La Laguna y los museos de Tenerife y de Gran Canaria (Museo Canario). Otro de los hitos importantes de este período iba a ser la elaboración del primer borrador de Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, apoyado en un proceso muy participativo y consensuado, pero que quedó finalmente paralizado. Se comienza en esta etapa una línea editorial propia, que salvo altibajos y la incertidumbre actual, ha jugado un papel importante de difusión de muchas (no todas las deseadas) investigaciones llevadas a cabo en las islas. Con el inicio de la tercera legislatura ocurre un hecho paradójico y es que, en pleno debate sobre la conveniencia de transferir las competencias en materia de Patrimonio Histórico a los Cabildos, se refuerza el papel de la Comunidad Autónoma en materia administrativa (se crea por fin la Dirección General), ampliándose los presupuestos, etc. Es decir, mientras se abre un nuevo proceso de puesta en marcha de las unidades insulares, a fin de establecer las políticas de patrimonio por parte de los Cabildos y de dotar de medios económicos y humanos dichas unidades, el Gobierno de Canarias da un salto cualitativo en el impulso de una política propia, pese a perder de forma considerable las competencias en dicha materia. En esta etapa comienzan ciertos desencuentros y conflictos interadministrativos y entre ciertas pautas políticas en materia de investigación y gestión del patrimonio arqueológico y gran parte de los profesionales y de algunas instituciones. Algunas de las decisiones más contestadas fueron la moratoria en materia de excavaciones y prospecciones, la puesta en marcha de las denominadas Actuaciones Estrellas, etc. Por otro lado, se acelera el proceso de incoación de muchos expedientes BIC, muchos de los cuales fueron anulados ya que las competencias eran del Cabildo, etc. En la segunda etapa de esa legislatura continúan ciertos desencuentros entre Dirección General y cabildos, si bien la ponencia destaca tres aspectos como realizaciones. La primera es la puesta en marcha y aprobación de la primera Ley canaria de patrimonio histórico (aunque se critica el proceso poco participativo y precipitado llevado a cabo), la segunda es la dotación de ciertos medios materiales y humanos a las incipientes unidades insulares de patrimonio histórico y la tercera es la reanudación de las excavaciones y prospecciones arqueológicas.
Previo paso a la mesa redonda se da paso a las comunicaciones, Propuestas, acciones y balance de la Consejería de Patrimonio Arqueológico y Etnográfico de la Primera Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias a cargo de José Juan Jiménez González e Historia de la investigación arqueológica en La Palma desde sus orígenes hasta nuestros días redactada y presentada por Jorge Pais Pais.

La mesa redonda, titulada Historia de la investigación arqueológica. Aprendizaje de la Experiencia, formada por Juan Francisco Navarro Mederos, Julio Cuenca Sanabria y Jorge Pais pais es coordinada por José de León Hernández.
La jornada de la tarde se consagra a la Investigación. Introducción a las VI Jornadas. La ponencia marco redactada por Javier Velasco Vázquez y por Carmen Gloria Rodríguez Santana lleva por título Investigación, Arqueología y Patrimonio: tres representaciones de una misma realidad.
Jorge Onrubia Pintado coordina la sesión de la tarde, componiéndose la misma de cinco comunicaciones: Arqueólogos en el futuro. Un futuro para los arqueólogos ¡por favor! a cargo de Marco Moreno Benítez, Félix Mendoza Medina, Iván Suárez Medina y José Guillén Medina; Combates por el Patrimonio, a cargo de Sergio Baucells Mesa, Alejandro Gámez Mendoza y Juan Carlos García Ávila; El proyecto de San Blas (San Miguel de Abona, Tenerife). Vínculos entre Arqueología profesional, empresa privada y revalorización del Patrimonio Arqueológico, por Esther Cávez Álvarez, Francisco Pérez Caamaño, Elena Pérez González, Javier Soler Segura, Amaya Goñi Quinteiro y Antonio Tejera Gaspar; La evaluación del Patrimonio Arqueológico. Una propuesta aplicada a parte del conjunto de yacimientos del Barranco del Agua de Dios (Tejina), San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, por Elena Pérez González, Esther Chávez González y Amaya Goñi Quinteiro e Intervención arqueológica en el Lomo de Arico (Tenerife). Reflexiones en torno a la relación entre Patrimonio, empresa y Arqueología en Canarias por Francisco Pérez Caamaño y Javier Soler Segura.

A continuación se celebra la mesa redonda La investigación arqueológica en Canarias. Necesidades y propuestas de mejora igualmente coordinada por Jorge Onrubia Pintado, en la que participan como miembros de la mesa Carmen Gloria Rodríguez Santana, José Guillén Medina, Juan Carlos García Ávila, Esther Chávez Álvarez, Elena Pérez González y Francisco Pérez Caamaño.
En ella se reflexiona sobre el estado actual de la investigación arqueológica en Canarias, ofreciéndose un panorama en buena medida similar al que caracteriza su situación en el resto de España desde finales de los años ochenta del pasado siglo. Hacemos referencia al que se deriva de la crisis de una práctica tradicional de la arqueología basada en la monopolización de la actividad científica y de la dominación disciplinar que de ella deriva, ejercida por las universidades, y en menor medida por otros organismos públicos de investigación, y su sustitución por un modelo diferente e inacabado, tan inédito como incómodo para una academia hasta entonces engolfada, salvo excepciones, en un corporativismo rancio y autista. En esta nueva relación de fuerzas y de poder institucional, encarnada en las nacientes administraciones competentes en materia de patrimonio histórico, la arqueología, convertida en una actividad documental cada vez más tecnificada y profesionalizada, se enmarca de manera decidida en políticas de gestión integral del patrimonio que, amparadas en el argumentario de su necesaria socialización y difusión, se orientan hoy, acríticamente, hacia la retórica mirífica de la mercantilización. Este escenario se singulariza en el Archipiélago con algunos rasgos discriminantes como son, sin ir más lejos, la propia implantación, configuración y trayectoria de sus centros universitarios o museísticos, y la peculiar organización y distribución competencial (y el consiguiente grado de eficacia en el desarrollo de sus atribuciones) de los departamentos sectoriales del Gobierno regional y de los distintos cabildos insulares.
Así las cosas y como no podía ser de otra manera, resulta evidente hasta qué punto el análisis de necesidades y las propuestas de mejora de la investigación arqueológica en Canarias están condicionados por la posición que cada uno de los agentes implicados en la producción y reproducción de este campo intelectual ocupa en este nuevo panorama. Basta reparar en las contribuciones presentadas a esta sesión de las Jornadas, o en las intervenciones que suscita la mesa redonda que la clausura, para hacerse una cumplida idea de este hecho. Se dibujan, sin embargo, dos consensos básicos de los que se quiere dar cuenta a guisa de conclusiones.

Destaca, en primer lugar, la generalización de un estado de opinión resueltamente favorable a tomar en consideración la responsabilidad social, y la rendición de cuentas, como elementos indispensables de cualquier iniciativa en la esfera de la investigación arqueológica. Y esto en la doble condición que la sociedad tiene de legítima depositaria de unos bienes de dominio público, que se constituyen en datos históricos mediante el trabajo de producción científica y en patrimonio mediante un proceso de construcción memorial e identitaria, y de patrocinadora casi exclusiva de nuestra actividad a través de los presupuestos de las administraciones públicas correspondientes. Ni que decir tiene que este principio de responsabilidad ciudadana no acaba con las aplicaciones de la arqueología hoy en día más visibles, como el uso colectivo y el disfrute educativo del patrimonio arqueológico gracias a operaciones de revalorización y a programas de difusión, sino que ha de alcanzar también, desde una concepción comprometida y transformadora de la función social de la ciencia, a cualquier  actividad de producción de conocimiento (es decir, de investigación) en este campo.

El segundo de los acuerdos tiene que ver con la urgencia, ampliamente compartida, de laborar de manera decidida para la creación e institucionalización de foros de encuentro y debate que, como ha ocurrido tímidamente con estas Jornadas, faciliten, desde un ejercicio de la reflexión entendido no como un instrumento de introspección sino como una herramienta eficaz de ruptura y transformación radical de la práctica y la teoría disciplinares, el intercambio de experiencias y puntos de vista. Estos “estados generales” de la investigación arqueológica en Canarias deberían consagrarse, de entrada, al análisis de las antinomias, mal formuladas y peor resueltas, que han acabado por minar, aquí como en otras latitudes, el desarrollo de la propia disciplina: arqueología de investigación frente a arqueología de gestión, arqueología básica frente a arqueología aplicada, arqueología programada frente a arqueología preventiva, arqueología oficial frente a arqueología “no alineada”, arqueología social frente a arqueología de mercado… De añadidura, deberían aplicarse, con afán crítico aunque no polémico, a tender puentes y a buscar mecanismos de colaboración entre los distintos agentes que participan en este campo científico (personas gestoras, empresarias y profesionales autónomas, universitarias, investigadoras no estatutarios, etc.).

Por su parte, el coordinador piensa que a falta de otros organismos públicos de investigación dignos de tal nombre, todo este proceso de reflexión y acción habría de estar liderado por las universidades radicadas en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. Porque, amén de ocupar un lugar central en la arqueología regional en su doble calidad de centros científicos y de establecimientos públicos de instrucción concebidos para la formación por la investigación y en la investigación, me parece que deben hacer valer, por encima de todo y puesto que se trata de una conquista social irrenunciable, su carácter de espacios de autonomía intelectual y de libertad cultural. La apelación queda hecha. Ya veremos qué nos depara el futuro.

Las Jornadas finalizan con dos comunicaciones marco que sirven como base introductoria a la temática de las VI Jornadas, dedicadas a enfoques y materias de estudio que contribuyen al conocimiento de las culturas aborígenes canarias. Éstas se concretan en: El espacio según la cultura campesina tinerfeña de Joaquín Carreras Navarro y Astronomía, paisaje, crónicas y Patrimonio de Juan Antonio Belmonte Avilés.

Con respecto a la encuesta, la mayoría de las personas que la contestan piensan que:

Las temáticas de arqueoastronomía, etnoarqueología, topoarqueología, así como revisiones a los contenidos ya establecidos poseen el suficiente interés para constituir aspectos a tratar en las próximas VI Jornadas.

Para otras personas estos temas no son de interés, dado que no se vinculan con las funciones laborales a las que se dedican, centradas principalmente en la gestión del patrimonio.

Los temas más demandados por parte de las personas encuestadas giran en torno a:
La práctica de la arqueología, criterios metodológicos en las intervenciones arqueológicas, metodología de trabajo para la puesta en uso del patrimonio histórico, paradigmas teóricos en arqueología, autorizaciones de intervenciones arqueológicas,  naturaleza del registro arqueológico, interpretación de los yacimientos insulares, ¿cómo estamos investigando el patrimonio canario? Estrategias de acercamiento a la realidad económica y social. Arqueología y religión. Topoarqueología, etnoarqueología. Cultura berteber y la escritura líbico – bereber de Canarias. El poblamiento del Archipiélago. Aspectos jurídicos y de gestión del Patrimonio. Las categorías de protección. Situación profesional de las personas arqueólogas: necesidad de colegiación. Sensibilización; aplicaciones didácticas, divulgación, tecnología y arqueología, educación. Gestión de museos, arqueología y gestión integral del Patrimonio; estado de conservación del patrimonio arqueológico, proyectos de actuación en los yacimientos arqueológicos.

También se opina que se debe organizar la próxima edición en base a:
1. La intervención arqueológica: excavación, estudios de materiales, etc., impartida por Verónica Alberto Barroso.
2. Las teorías sustantivas como herramientas básicas de análisis histórico y patrimonial, a cargo de Cristo Hernández.
3. Ciencias auxiliares: problemática, posibles aportaciones, retos de futuro, etc.

Uno de los aspectos que resalta de la encuesta es la necesidad de adecuar la temática de las comunicaciones a las ponencias marco, e intentar unificar los temas para evitar que en una misma mesa se traten los resultados de una investigación específica con aspectos generales que no le influyen.

Con respecto a las reuniones, existe unanimidad en la consideración de la necesidad de entablar conversaciones con las universidades, la Dirección General, cabildos y ayuntamientos, no sólo para programar líneas de actuación necesarias para cada isla, como preguntaba este Cabildo, sino para coordinarse en la gestión patrimonial. Igualmente se entiende que en esas reuniones deben participar los equipos de investigación que existen.

Existe cierta unanimidad en que las Jornadas de trabajo han sido muy largas, disponiéndose de poco tiempo para la exposición y el debate. En relación con ello, se propone:
     Colgar las ponencias marco y las comunicaciones en Internet.
     Dedicar tres minutos a cada comunicación durante la mesa redonda.
     Posibilidad de presentar póster.
     Posibilidad de presentaciones multimedia.
     Eliminar las comunicaciones y centrarnos en las ponencias marco y debates.
     Aumentar los días de duración de las jornadas.
     Primar las mesas redondas y el debate.
     Anular las plazas limitadas.
     Reducir el tiempo de exposición en beneficio del debate.

En general el espacio físico en el que se han desarrollado las jornadas no ha resultado agradable, específicamente dada la estrechez, ruido, sillas incómodas y la pésima posición de la pantalla.

Las personas asistentes entienden que las jornadas son susceptibles de mejorar si se incide en estos aspectos:

- Que se facilite documentación escrita de las ponencias marco y comunicaciones.
- Mejorar el gabinete de prensa.
- Mayor y mejor divulgación.
- Sobran los planteamientos teóricos.
- Se contemplen comunicaciones más largas.
- Ayuda económica para estancia y desplazamiento.
- Que el horario del programa sea más dilatado.
- Intervenciones en las mesas redondas más precisas y concretas.
Una persona pregunta el motivo por el cual las personas arqueólogas no denuncian las agresiones a los yacimientos arqueológicos.

Arrecife, 7 de diciembre de 2007

LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS V JORNADAS DE PATRIMONIO HISTÓRICO,

Pilar Gómez Cortés
Rita Marrero Romero
Sandra Cabrera Pacheco
María Antonia Perera Betancort

VI Congreso de Patrimonio Histórico. Cabildo Insular de Lanzarote.Diseño: Solucionet.com