Los cabildos insulares participan en la política archivística de Canarias ejerciendo las competencias que les otorga la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias. Esta Ley expone que el Gobierno de Canarias, junto a los cabildos insulares planificarán y coordinarán la organización y servicio de los archivos canarios de uso público y de los documentos constitutivos del patrimonio documental canario (art.9) y que los archivos generales insulares serán creados por los cabildo insulares en cada isla, tendrán ámbito y carácter administrativo e histórico y serán competentes para recoger la documentación producida en las distintas instituciones y entidades públicas y privadas de cada isla, que no sean competencia de otros archivos (art.15).

Siguiendo las directrices de esta Ley se han creado en Canarias archivos generales insulares, desarrollando cada uno las competencias asumidas de manera autónoma. En la isla de Lanzarote se crea por acuerdo plenario de 30 de diciembre de 2002, con la idea de convertirse en centro de archivo destinado a recoger y gestionar el patrimonio documental de la isla con  independencia de los fondos que lo conforman, que será de las entidades productoras. Tiene un carácter intermedio e histórico, constituyendo el penúltimo y último tramo en el flujo documental que generan las instituciones y entidades radicadas en la isla en el ejercicio de sus funciones y competencias.

Como archivo intermedio e histórico de ámbito insular, basado en el principio de servicio público eficiente a las entidades productoras de los fondos que en él se gestionan, a  los ciudadanos y a la cultura, el Archivo General Insular ha de tener capacidad para recoger y gestionar los documentos generados en la isla por las personas y entidades públicas y privadas en el ejercicio de sus actividades y funciones. Todo ello mediante los instrumentos normativos que se determinen. Así mismo interviene en la gestión documental de todo el Cabildo, pues a él se transfiere toda la documentación generada en las distintas áreas que conforman esta administración, y tiene capacidad para suscribir acuerdos pertinentes con las entidades públicas y privadas que transfieren sus fondos a este archivo.