La Unidad de Responsabilidad Social Corporativa velará por la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, con la incorporación de ciertos criterios o principios en los procesos de contratación pública, en virtud de los cuales se incorporen al contrato aspectos de política social como requisito previo (criterio de admisión), como elemento de valoración (puntuación) o como obligación (exigencia de ejecución).

Con ello todas las partes salen ganando: empresas, ciudadanía, Cabildo de Lanzarote, entidades sin ánimo de lucro y otros agentes sociales.

• Se aporta más legitimidad para el Cabildo de Lanzarote, ante la ciudadanía y los agentes sociales.
• Ayuda a fomentar la transversalidad, la cooperación, la transparencia y la corresponsabilidad entre todas las partes.
• Complementan las políticas públicas en todos los ámbitos y, de hecho, a menudo ayudan a multiplicar sus efectos.
• Genera tracción o efecto de arrastre en todo el territorio, pudiendo generar imitación en otras administraciones y agentes.
• Se trata de una herramienta de coste nulo o muy bajo.
• Mejora la calidad de vida del territorio. Fomenta la competitividad territorial.

  Esta línea de acción tiene la ventaja de que tratándose de Responsabilidad Social de ámbito administrativo, también ayuda a fomentarla para los proveedores. Por ello no supondrá nunca una mera técnica legal a incorporar en los pliegos, sino que supondrá en paralelo un proceso de diálogo abierto con el conjunto de proveedores y específicamente con la empresa concesionaria o proveedora, con tal de mejorar y profundizar en el sentido de la cláusula social.

  La utilización de cláusulas sociales permite, además de la prestación del servicio, conseguir una rentabilidad social que supone, por un lado, disminuir el gasto público destinado a estos colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión (subsidios, salario social, gastos sanitarios... etc.) y por otro, se generan ingresos (IRPF, Seguridad Social...) para las arcas públicas.